Otro Chile, misma exención

Cecilia Cifuentes

Frente a la discusión sobre derechos sociales con carácter universal, un ingrediente necesario debería ser la amplísima exención del impuesto a la renta, que llega a un 75% de los contribuyentes, porcentaje mucho más elevado al existente en países desarrollados. Esta generosa exención fue implementada por el gobierno militar en 1981, estableciéndose que todas las rentas personales por debajo de 10 unidades tributarias anuales (algo más de siete millones en moneda de hoy) no pagarían impuesto a la renta.

Lo cierto es que en ese entonces la política social estaba muy enfocada en resolver el agudo problema de pobreza, lo que llevaba a focalizar los beneficios, siendo por ende razonable y coherente eximir a la clase media de la tributación a los ingresos, considerando que mayoritariamente no recibía beneficios del Estado.

“Una exención amplia del impuesto a la renta tuvo sentido hace cuatro décadas, pero no hoy, cuando es precisamente la clase media la principal beneficiada por los derechos sociales”.

Esta situación ha ido cambiando en la última década y media. La focalización se ha ido diluyendo, aumentando el porcentaje de la población que puede acceder a los beneficios del Estado, desde el 40% más pobre que era el criterio imperante a fines de los 2000, luego a 60% y 70% para algunas políticas, y actualmente llega a un 90% para el caso de la PGU. La tendencia parece razonable, toda vez que la tasa de pobreza ha caído en forma muy pronunciada. Midiendo con la línea de pobreza actual, en 1990 el porcentaje de personas en esa condición era de casi 70%, y se ha reducido a cerca de un 10%, por lo que la clase media ha pasado a ser el sector mayoritario.

Como consecuencia, la oferta programática social tiende a enfocarse en esos grupos, cuya demanda principal no tiene que ver con que le aseguren la subsistencia, sino principalmente con evitar los riesgos de no contar con ahorros para contingencias de la salud y del trabajo. El consenso sobre la necesidad de contar con esta red de seguridad cruza a todos los sectores políticos, sin embargo, existen divergencias importantes sobre el financiamiento de esos beneficios sociales, y sobre quién los debe proveer.

En el tema del financiamiento, en la última década se han realizado cinco reformas tributarias cuyo foco central ha sido aumentar los impuestos al capital, con la consecuente caída en las tasas de ahorro e inversión, el crecimiento y el empleo, por lo que la generación de recursos fiscales adicionales ha sido muy por debajo de lo esperado. Lamentablemente, el actual Gobierno busca profundizar fuertemente esta estrategia errada, a pesar de que no existe ninguna justificación para mantener una exención tributaria tan amplia, que tuvo sentido hace cuatro décadas, pero deja de tenerlo cuando es precisamente la clase media la principal beneficiada por el establecimiento de derechos sociales.

Como parte del pacto tributario buscado, debería disminuirse en forma gradual la exención del impuesto a la renta, lo que además sería muy efectivo en términos de recaudación, ya que los tramos más altos también terminan pagando más.

En definitiva, si el objetivo es establecer derechos sociales, el único camino viable es que los sectores medios contribuyan más al financiamiento del Estado cuando están en condiciones de hacerlo. Eso significa no sólo ir gradualmente reduciendo la exención del impuesto a la renta, sino también controlar el creciente problema de informalidad en el trabajo y en los negocios.

Antes de establecer qué y cuántos derechos se quieren garantizar debemos definir cómo se van a financiar. El número de personas que actualmente contribuyen es totalmente insuficiente, si no se amplía la base tributable, estaremos pavimentando el camino de una situación fiscal a la argentina.